El Gobierno activó un sistema binario de subsidios energéticos que reemplaza la antigua segmentación. Solo hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas recibirán bonificaciones, buscando que las tarifas cubran hasta el 83% del costo real del suministro eléctrico y gasífero.
Desde el inicio de este año, el Gobierno ha puesto en marcha una transformación estructural en la asistencia tarifaria denominada Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esta reforma disuelve la antigua división por niveles de ingresos y establece una metodología binaria: se es beneficiario o se abona el costo total. La administración central centraliza ahora todos los datos en el RESEF, un padrón único que reemplaza al anterior registro. Bajo esta nueva lógica, solo los hogares cuyos ingresos mensuales no superen el valor de tres Canastas Básicas Totales podrán mantener el apoyo estatal, mientras que el resto de los usuarios enfrentará facturas sin ninguna clase de bonificación.
En el sector eléctrico, el auxilio gubernamental se traduce en una quita del 50% sobre el valor mayorista de la energía, aplicada exclusivamente a una cuota de consumo que ahora fluctúa según la época del año. Un cambio sustancial es el recorte en los volúmenes de energía subsidiada, que disminuyen un 32% para los sectores de menores recursos en comparación con el ciclo anterior. Para mitigar el salto en los costos durante este primer año, se ha dispuesto una ayuda complementaria del 25% que irá decreciendo mensualmente hasta desaparecer en diciembre. Con este ajuste, se prevé que los usuarios cubran por sí mismos el 72% del gasto que demanda generar electricidad, reduciendo el déficit fiscal del área en un 15%.
Respecto al gas por red, el esquema fija un precio anualizado que busca acercarse progresivamente a los valores internacionales. Durante 2026, los subsidios del 50% se mantendrán para los sectores calificados, pero con una advertencia regulatoria: a partir de 2027, estas ayudas solo estarán vigentes durante el invierno (mayo a septiembre), eliminándose por completo el resto del año para todos los niveles de consumo. Una novedad de este marco es la incorporación oficial de las garrafas de gas licuado al sistema de protección, extendiendo la cobertura a zonas sin red. Se estima que, hacia el final del año, las tarifas de gas alcanzarán a cubrir el 83% de su costo real, lo que implica un encarecimiento promedio del 23% para el consumidor.
La reforma ocurre en un periodo de bonanza para la balanza energética nacional, que acumuló un saldo positivo cercano a los 7.000 millones de dólares el último año. El objetivo de las autoridades es capitalizar este superávit comercial para sanear las finanzas públicas, trasladando una mayor proporción del costo operativo a la demanda residencial y comercial. Al simplificar las categorías y endurecer los requisitos de acceso, el Estado busca que los subsidios dejen de ser un beneficio generalizado para convertirse en una red de contención mínima, logrando que el sistema energético sea financiado casi en su totalidad por quienes consumen el servicio.
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