Hay momentos en los que la política deja de ser gestión y pasa a ser un acto de arrogancia. Cuando Donald Trump se presenta —aunque sea en el plano simbólico— como “presidente interino de Venezuela”, no está cometiendo una excentricidad aislada: está empujando un límite que, hasta hace no tanto, parecía infranqueable.
No hay legalidad que lo respalde, ni Constitución que lo habilite, ni reconocimiento internacional que lo sostenga. Pero eso parece irrelevante. En la lógica del trumpismo, nombrarse es gobernar, decir es mandar, exhibirse es ejercer poder. La política exterior se reduce así a una puesta en escena donde la soberanía ajena se convierte en un accesorio descartable.
El trasfondo es más serio que el gesto. Venezuela atraviesa una crisis profunda, prolongada, dolorosa. Justamente por eso, convertir su destino en una provocación comunicacional resulta no solo irresponsable, sino obsceno. No se trata de ayudar a un país a reconstruir su institucionalidad, sino de marcar dominio, de dejar claro quién cree tener la última palabra.
Hablar de “administrar” Venezuela, de “ordenar” su transición o de supervisar sus recursos estratégicos no es una metáfora inocente. Es una manera de reinstalar una idea vieja y peligrosa: que algunos países pueden decidir por otros cuando consideran que la situación lo amerita. La diferencia es que ahora se lo dice sin pudor, casi con orgullo.
Durante décadas, Estados Unidos envolvió su política exterior en el lenguaje de la democracia, los derechos y la legalidad internacional. Hoy, ese envoltorio parece innecesario. El mensaje es más crudo y, por eso mismo, más inquietante: el poder no necesita permiso cuando se siente suficiente.
Lo verdaderamente alarmante no es la figura de Trump —previsible en su exceso—, sino la normalización de este tipo de discursos. Cuando nadie se escandaliza, cuando el disparate se consume como una anécdota más del ciclo informativo, el problema deja de ser retórico y pasa a ser cultural. Se corre el eje de lo aceptable.
Venezuela no necesita presidentes autoproclamados desde el exterior ni gestos de fuerza disfrazados de liderazgo. Necesita soluciones reales, acuerdos legítimos y una salida construida por los propios venezolanos. Todo lo demás es ruido. Ruido peligroso.
En tiempos donde la política global parece cada vez más dominada por el impacto y no por la responsabilidad, conviene recordar algo elemental: ningún país tiene derecho a adjudicarse el gobierno de otro, ni siquiera como símbolo, ni siquiera como provocación. Cuando ese principio se relativiza, lo que está en juego no es solo Venezuela, sino la idea misma de soberanía.
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