Dos antiguas empleadas presentaron denuncias ante la Fiscalía de España por hechos ocurridos en las mansiones del cantante en el Caribe durante décadas pasadas, mientras el Ministerio de Igualdad exigió una investigación inmediata y profunda del caso.
La Fiscalía General del Estado recibió este martes dos denuncias formales contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual y acoso. Dos mujeres, una empleada doméstica y una fisioterapeuta, relataron haber sufrido tocamientos no consentidos y penetraciones forzadas por parte del cantante Julio Iglesias. Los incidentes ocurrieron entre enero y octubre de 2021, durante su jornada laboral en las residencias del artista en Santo Domingo y Bahamas.
Las denunciantes describieron un ambiente de control y vejaciones, con insultos y humillaciones constantes. La organización Women’s Link Worldwide presentó la denuncia en su nombre ante la Fiscalía, alegando posible trata de seres humanos y delitos contra los derechos laborales. Los hechos trascendieron este martes 13 de enero de 2026, generando repercusiones inmediatas.
Asimismo, la ministra de Igualdad de España solicitó que las instituciones judiciales actúen con celeridad para esclarecer estos hechos. A través de un posicionamiento oficial, la cartera gubernamental enfatizó la necesidad de investigar cualquier indicio de violencia sexual, sin que la relevancia pública del acusado o la antigüedad de los relatos supongan un obstáculo para el acceso a la justicia de las mujeres.
De acuerdo con los testimonios difundidos por medios internacionales, las mujeres desempeñaban labores de asistencia personal y servicio doméstico en las propiedades del intérprete. Las denunciantes describieron un entorno de trabajo marcado por la vulnerabilidad laboral. Según los escritos presentados, los episodios incluyeron contactos físicos no consentidos y presiones de índole sexual mientras residían en las fincas caribeñas del músico.
Por su parte, el equipo legal y el entorno cercano al artista de 82 años no emitieron declaraciones oficiales sobre estas acusaciones. La representación jurídica de las mujeres argumentó que la decisión de acudir a los tribunales en este momento responde a un proceso de reparación moral y al marco de las leyes de protección integral que rigen en territorio español.
El proceso judicial enfrenta retos técnicos significativos debido a la jurisdicción y la posible prescripción de los delitos. Los especialistas en derecho penal señalaron que la fiscalía deberá evaluar si España tiene competencia para investigar hechos ocurridos en el extranjero y si el tiempo transcurrido extinguió la responsabilidad penal según el código vigente.
La repercusión del caso alcanzó una dimensión global en pocas horas. Organizaciones civiles manifestaron que este procedimiento representa un hito para el sector del entretenimiento, donde el silencio solía prevalecer sobre las figuras de alto perfil. La investigación determinará si los testimonios cuentan con el sustento probatorio necesario para avanzar hacia una instancia de juicio.
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