La IGJ desmintió haber autorizado el traslado de sede de la AFA a Buenos Aires. Daniel Vítolo investiga inconsistencias por 450 millones de dólares y citó a contadores a declarar, mientras la entidad deportiva acusa al organismo de persecución política.
La tensión entre la Inspección General de Justicia (IGJ) y la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo de confrontación legal. Daniel Vítolo, titular del organismo fiscalizador, rechazó categóricamente que se haya otorgado autorización para trasladar la sede social de la entidad a la provincia de Buenos Aires. Según el funcionario, la maniobra de mudar el domicilio legal a Pilar, anunciada por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, carece de validez jurídica y podría ser un intento de eludir los controles porteños para buscar amparo político en otra jurisdicción.
Desde la IGJ aclararon que el documento que posee la AFA es meramente un “certificado de vigencia” del trámite y no una aprobación definitiva. Vítolo comparó la situación con tener un boleto de compraventa sin poseer la escritura traslativa de dominio. Además, el organismo subrayó que las asambleas donde se votó dicho cambio y la reelección anticipada de autoridades no fueron convalidadas, lo que deja a la actual conducción en una posición administrativa delicada frente a posibles sanciones o intervenciones.
El eje del conflicto radica en la auditoría de los estados contables de los últimos años. La justicia administrativa ha puesto la mirada sobre partidas que superan los 111 millones de dólares en la AFA y otros 340 millones vinculados a la extinta Superliga. En respuesta a las intimaciones, la entidad del fútbol presentó documentación este martes, la cual está siendo revisada minuciosamente. “Si la presentación fue hecha ahora, es porque antes no estaba en regla”, deslizaron fuentes oficiales, señalando que algunos balances previos carecían de firmas reglamentarias.
El calendario judicial y administrativo marca el 20 de enero como un día clave para definir el futuro de la asociación. En las próximas 48 horas, una serie de peritos contables y auditores externos deberán declarar ante la IGJ para justificar el origen y destino de fondos que, en conjunto, alcanzan los 450 millones de dólares bajo sospecha. Mientras la AFA acusa al Gobierno de construir un “relato ficticio” y de persecución, las autoridades advierten que, de no mediar explicaciones satisfactorias, el caso podría derivar en denuncias penales por administración fraudulenta.
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