Morales Solá advierte que la Justicia, y no el Congreso, frenará el DNU de Milei sobre la SIDE por violar prohibiciones penales constitucionales. El decreto amenaza libertades individuales y de prensa, instalando un riesgo de “Estado policial” sin control judicial.
El prestigioso editorialista, Joaquín Morales Solá analiza el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei que reforma los servicios de inteligencia. El autor sostiene que, paradójicamente, la perdurabilidad de esta medida se apoya en una “fechoría” legislativa de Cristina Kirchner: la ley que reglamenta los DNU. Esta norma exige el rechazo de ambas cámaras para anular un decreto, otorgándole al Presidente un poder hegemónico que contradice el espíritu de la reforma constitucional de 1994.
Gracias a este esquema y a la nueva composición del Congreso tras las elecciones de 2025, Morales Solá considera que es “casi imposible” que la oposición logre anular el decreto por vía legislativa, especialmente en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con 95 legisladores y aliados estratégicos.
El editorialista advierte que la verdadera batalla se librará en el Poder Judicial. Existen ya presentaciones que tildan al DNU de “inconstitucional” y “nulo de nulidad absoluta”. El punto más alarmante es la facultad otorgada a los agentes de la SIDE para detener personas sin orden judicial, lo que legisladores de la Coalición Cívica califican como la “antesala inmediata de un Estado policial“.
Morales Solá enfatiza que la Constitución prohíbe taxativamente al Presidente legislar por decreto sobre cuestiones penales. Por ello, confía en que la Corte Suprema —cuyos jueces Rosatti y Rosenkrantz conocen profundamente el espíritu de la reforma del 94— anulará la decisión de Milei: “Probablemente sean los jueces, antes que el Congreso, los que colocarán las decisiones del Presidente dentro de la Constitución”.
Finalmente, Morales Solá denuncia que el decreto amplía el secreto de las actividades de inteligencia y expone a los periodistas a persecuciones judiciales por difundir información de interés público bajo la ambigua etiqueta de “seguridad nacional”. Según el autor, esto fomenta una “detestable autocensura” y viola los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional.
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