Misiones congeló los ingresos a la planta permanente estatal hasta fines de 2026 para sanear sus finanzas. El gobernador Passalacqua exceptuó de esta restricción a los sectores de salud, seguridad y educación, buscando optimizar recursos ante la compleja crisis económica provincial.
El Poder Ejecutivo de Misiones formalizó una restricción estricta para el ingreso de nuevos agentes a la estabilidad laboral del Estado durante los próximos dos años. A través de una normativa firmada por el gobernador Hugo Passalacqua, se estableció que no se realizarán nombramientos en la planta permanente de la administración central ni en organismos descentralizados hasta finales de diciembre de 2026. Esta determinación busca optimizar el uso del capital humano y aliviar las cuentas provinciales, afectadas por una coyuntura financiera que ya obligó a reprogramar obligaciones salariales de altos cargos y a lanzar planes especiales de regularización impositiva para compensar la caída en la recaudación de tributos locales.
La medida, publicada recientemente en el Boletín Oficial, contempla excepciones específicas para sectores considerados vitales. De esta manera, las áreas de sanidad, las fuerzas de seguridad —incluyendo policía y servicio penitenciario— y el sistema educativo quedan excluidos del congelamiento, permitiendo que la cobertura de vacantes en estos campos no se vea interrumpida. Para el resto de las dependencias públicas y empresas con participación estatal mayoritaria, cualquier trámite de designación que estuviera en proceso será cancelado y devuelto a su repartición de origen, dejando los cargos libres a disposición directa del gobernador.
Desde la gobernación fundamentaron que esta política de racionalización es necesaria para garantizar la continuidad de servicios y programas de fomento al consumo, los cuales demandan una inversión pública significativa. El mandatario provincial defendió la resolución como un acto de prudencia administrativa frente a la crisis, argumentando que se deben priorizar los recursos del erario en un contexto de alta morosidad tributaria y dificultades económicas. Aunque la veda es generalizada, la normativa reserva una facultad discrecional para autorizar ingresos excepcionales en situaciones particulares que el Ejecutivo considere indispensables para la gestión.
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