Un exjefe de bomberos de Villa María recibió prisión domiciliaria por depresión tras confesar abusos contra menores. La querella denuncia irregularidades éticas en la defensa y un juicio abreviado pactado sin su consulta, mientras el condenado permanece con tobillera electrónica.
Un fuerte malestar social y jurídico sacude a la ciudad de Villa María tras conocerse que Rodrigo Santi, exjerárquico de bomberos que admitió haber ultrajado a menores bajo su tutela, obtuvo el arresto domiciliario. El imputado, quien ocupaba cargos de relevancia en la formación de cadetes a nivel provincial y nacional, abandonó la cárcel para trasladarse a la vivienda de su progenitor. La medida fue autorizada basándose en un cuadro de abatimiento psicológico y falta de voluntad vital, diagnóstico presentado por la defensa que no fue contrastado con la opinión de los representantes de las víctimas.
El proceso estuvo marcado por irregularidades que la querella denunció ante las autoridades colegiadas. Durante la etapa de instrucción, el acusado reemplazó a su abogado por un antiguo empleado de la misma fiscalía que dirigía la investigación. Este movimiento permitió al nuevo defensor acceder a información privilegiada sobre las pruebas y testimonios antes de abandonar su cargo público para pasar al sector privado. El abogado de los damnificados, José Corigliano, calificó este hecho como una falta ética grave, sugiriendo que el letrado utilizó su conocimiento interno de la causa para beneficiar al agresor, vulnerando la confianza del sistema judicial.
En un acuerdo alcanzado a espaldas de los denunciantes, la fiscalía pactó un juicio abreviado donde Santi aceptó una pena de ocho años de reclusión tras reconocer su culpabilidad en delitos que incluyen corrupción de menores y posesión de material prohibido. Pese a la gravedad de los cargos, el beneficio de permanecer en su domicilio fue concedido con restricciones estrictas: el condenado porta un dispositivo de geolocalización, tiene prohibido el uso de tecnología y no puede mantener ningún tipo de acercamiento con ciudadanos menores de edad.
La investigación penal se originó a fines de 2024, luego de que se descubrieran mensajes comprometedores donde el instructor intentaba justificar su conducta libidinosa atribuyéndola al consumo de alcohol. El caso también salpicó a la estructura de Bomberos en La Playosa, ya que familiares directos del abusador ocupaban puestos clave en la comisión directiva y la jefatura del cuerpo, lo que inicialmente habría facilitado la ocultación de las quejas formales presentadas por las madres de los aspirantes. Actualmente, la sentencia final aguarda la ratificación de la jueza de control Soledad Dottori.
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