Gustavo Petro eliminó por decreto la prima de servicio de los congresistas colombianos, reduciendo sus sueldos hasta 16 millones de pesos mensuales. La medida, que rige desde julio de 2026, busca reducir la brecha de desigualdad y promover la austeridad estatal.
El Ejecutivo liderado por Gustavo Petro ha oficializado un histórico recorte en la remuneración de los parlamentarios mediante la derogación de los beneficios adicionales establecidos hace más de una década. La normativa suprime la prima de servicios que percibían senadores y representantes, lo que se traducirá en una merma mensual de entre 12 y 16 millones de pesos en sus ingresos. Esta disposición, que comenzará a aplicarse para el nuevo Congreso que asuma el 20 de julio de 2026, pone fin a la vigencia de un decreto del año 2013 que permitía estos cobros extraordinarios. Desde el Ministerio de Hacienda se ha destacado que, si bien el ahorro fiscal ronda los 1,2 millones de dólares cada mes, el objetivo primordial es equilibrar los gastos operativos del Estado y responder a un antiguo reclamo ciudadano sobre la desproporción salarial en el ámbito político frente a la realidad económica nacional.
La medida se presenta como un complemento político al reciente incremento del 23% en el salario mínimo legal, buscando reducir la brecha de desigualdad entre los funcionarios de alta jerarquía y los trabajadores promedio. El Gobierno ha fundamentado esta decisión en la necesidad de aplicar políticas de austeridad que no vulneren derechos fundamentales, señalando que la compensación previa resultaba excesiva para el contexto del país. A pesar de que en años anteriores el propio Congreso había rechazado múltiples proyectos de ley que intentaban autolimitar sus sueldos, la intervención directa del poder central mediante decreto ha sido recibida positivamente incluso por sectores de la oposición. Voces legislativas han calificado el hecho como un acto de justicia social largamente esperado, subrayando que la cercanía económica con el ciudadano común es vital para la legitimidad de la representación parlamentaria.
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