La mesa de los argentinos enfrenta una nueva amenaza de conflicto gremial en una de sus producciones más sensibles. Productores de yerba mate de la provincia de Misiones formalizaron este lunes un cese de cosecha por tiempo indefinido, una medida de fuerza que busca forzar al Gobierno Nacional a dar marcha atrás con la desregulación del sector y garantizar un “precio justo” para la materia prima.
El epicentro de la protesta fue la localidad de Campo Viera, donde cientos de yerbateros se congregaron para manifestar su desesperación ante la crisis de rentabilidad. Según detallaron los voceros del sector, mientras que históricamente el productor percibía alrededor de 50 centavos de dólar por kilo de hoja verde (lo que hoy equivaldría a unos $700), actualmente la industria está pagando entre $250 y $300. “Estamos trabajando a pérdida; con estos valores no llegamos a cubrir ni la limpieza de los cuadros ni el pago a los cosecheros”, advirtieron durante la asamblea.
El factor de la desregulación
El conflicto tiene su raíz técnica en el DNU 70/24, que eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Hasta hace un año, este organismo era el encargado de mediar entre productores e industriales para fijar un precio mínimo obligatorio. Hoy, convertido por decreto en un ente de promoción, el INYM no tiene injerencia legal para intervenir en el mercado, dejando el valor de la hoja librado a la negociación directa, donde el pequeño productor se encuentra en una clara asimetría de poder.
La asamblea fijó un plazo de 14 días para que el Gobierno Nacional restablezca los mecanismos de fijación de precios. De no obtener una respuesta satisfactoria, el paro se mantendrá de forma indefinida, lo que podría derivar en un faltante de producto en góndola en los próximos dos meses, tiempo estimado en que se agotaría el stock de yerba canchada (estacionada) de los molinos.
Reacción política y frente unido
La gravedad de la situación obligó a la Legislatura de Misiones a convocar a una reunión extraordinaria este lunes. En un gesto inusual, representantes del oficialismo provincial y de casi todos los bloques de la oposición (UCR, PRO y sectores agrarios) se unieron para calificar la situación como una “crisis de urgencia”. Los legisladores buscan abrir canales de diálogo con la Casa Rosada para evitar que la parálisis de la principal economía regional de la provincia derive en una crisis social de mayor escala.
Por el momento, el Ministerio de Economía de la Nación no ha dado señales de ceder en su política de libre mercado. No obstante, la presión de los productores, que representan el eslabón más numeroso de la cadena productiva, pone a prueba la viabilidad del modelo desregulado en un rubro que no es solo un bien de consumo, sino un pilar de la identidad cultural y económica del noreste argentino.