Patagonia bajo fuego: el Gobierno define si concede la emergencia

La crisis ígnea en el sur llega al despacho presidencial. Tras meses de incendios que ya consumieron 230 mil hectáreas, la cúpula libertaria evalúa declarar la emergencia nacional, un movimiento que pondría a prueba el rigor fiscal del presupuesto ante una catástrofe ambiental y productiva sin precedentes.

La Casa Rosada se convierte este mediodía en el epicentro de una negociación contrarreloj. La mesa política, encabezada por Karina Milei y Santiago Caputo, analizará el pedido desesperado de los mandatarios patagónicos para declarar la emergencia ígnea. El reclamo, que ya cuenta con el aval de las legislaturas locales, busca que el Estado Nacional active mecanismos excepcionales y, fundamentalmente, partidas presupuestarias extraordinarias para frenar el avance de las llamas que azotan a Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz.

El escenario es de una fragilidad extrema. Las proyecciones indican que la magnitud del desastre exige herramientas que superan las capacidades provinciales. En este contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo contactos con el gobernador chubutense, Ignacio “Nacho” Torres, quien lidera la presión pública para que el proyecto sea incluido en las sesiones extraordinarias que inician el lunes. “La Argentina necesita activar mecanismos que permitan coordinar esfuerzos, priorizando resguardar la vida”, sostuvieron los gobernadores en un comunicado que resuena como un ultimátum político.

La encrucijada para el Gobierno es, como de costumbre, económica. La presencia de Luis Caputo en las deliberaciones subraya que cualquier auxilio financiero deberá ser fríamente calculado. El borrador que circula, impulsado por sectores del PRO y la oposición, propone no solo la emergencia, sino declarar como “zona de desastre” a los territorios afectados. Esto habilitaría a la Agencia Federal de Emergencias a reasignar fondos para el combate directo del fuego y la posterior recomposición del sistema productivo, hoy paralizado por las cenizas.

Más allá de la logística de los brigadistas y aviones hidrantes, lo que se discute en Balcarce 50 es la capacidad de respuesta del Estado ante eventos climáticos extremos. La oposición, desde la UCR hasta Unión por la Patria, ha mostrado una inusual cohesión en este punto, dejando al oficialismo ante la disyuntiva de liderar la iniciativa o ceder la bandera de la protección ambiental a sus detractores. El proyecto, de avanzar, ingresaría por el Senado, marcando el pulso de un verano donde la política, al igual que el bosque nativo, arde con intensidad.

La resolución de esta tarde no solo determinará el flujo de recursos hacia el sur, sino que será un termómetro de la relación entre la Nación y las provincias. En un contexto de ajuste fiscal, la gestión del riesgo se presenta como el nuevo campo de batalla donde se medirá si la eficiencia administrativa puede convivir con la urgencia de una región que ve su patrimonio natural desaparecer entre las llamas.

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