La estrategia de la Unión Cívica Radical (UCR) en este verano legislativo es de un hermetismo estratégico. La senadora Carolina Losada confirmó que, si bien el bloque tiene la “voluntad de acompañar” el corazón de la reforma de Javier Milei, están proponiendo una serie de cambios técnicos que mantienen bajo siete llaves. Esta cautela no es casual: el radicalismo gobierna cinco provincias clave (Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Chaco) cuyos mandatarios miran con recelo el capítulo fiscal de la ley.
El punto de mayor fricción es la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades. Según los cálculos que circulan en los despachos radicales, la reforma tal como está redactada significaría una pérdida de $3,18 billones para el conjunto de las provincias en 2026. Los gobernadores de la UCR, como Maximiliano Pullaro o Alfredo Cornejo, exigen que cualquier baja impositiva sea compensada de forma automática (por ejemplo, coparticipando el Impuesto a los Combustibles) para evitar quedar sujetos a la discrecionalidad de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En el plano estrictamente laboral, el radicalismo empuja una agenda de modernización que incluye:
Simplificación de acuerdos colectivos: Eliminar la necesidad de homologación estatal para convenios ya pactados.
Ampliación de licencias parentales: Extender a 30 días la licencia para personas no gestantes.
Financiamiento de indemnizaciones: Proponer al Banco Nación como intermediario para que las empresas puedan pagar despidos en cuotas sin afectar el cobro inmediato del trabajador.
Reducción de la jornada: Una discusión lateral pero presente para llevar la carga horaria hacia las 40 horas semanales de forma gradual.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, ha intensificado los contactos con el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, admitiendo que el texto sufrirá modificaciones para asegurar el quórum. Sin embargo, el Gobierno insiste en que el impacto fiscal se “neutralizará solo” con la creación de 400.000 nuevos empleos formales, un argumento que para los gobernadores suena más a expresión de deseos que a garantía contable.
El escenario para la sesión del 11 de febrero es, por tanto, una partida de ajedrez. La UCR busca evitar el antecedente del Presupuesto, donde el oficialismo sufrió derrotas en artículos particulares. Si la Casa Rosada no ofrece una “pata fiscal” sólida a las provincias, el radicalismo podría votar a favor en general pero voltear el capítulo de Ganancias en la votación artículo por artículo, dejando a la reforma laboral herida en su financiamiento antes de nacer.