El oficialismo busca endurecer el régimen penal juvenil y bajar la edad mínima a los 13 años, pero el PRO y la UCR plantaron bandera. Advierten que no darán quórum si el Gobierno insiste con un límite menor a los 14, alegando falta de infraestructura y sustento científico.
El debate por el nuevo Régimen Penal Juvenil ingresa en una zona de definiciones críticas antes de las sesiones extraordinarias. Lo que asomaba como un trámite para el Gobierno tras la victoria legislativa se ha convertido en una pulseada de poder con sus socios estratégicos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encendió la mecha al sugerir que la imputabilidad debería bajar incluso a los 12 o 13 años, una postura que colisiona de frente con el límite de los 14 años que defiende el bloque del PRO liderado por Cristian Ritondo.
Desde la bancada amarilla y el radicalismo oficialista, la advertencia fue tajante: el apoyo está condicionado. Argumentan que establecer el umbral en los 13 años no solo carece de consenso en las neurociencias respecto a la madurez de los menores, sino que provocaría un colapso operativo. Según los aliados, bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de un día para el otro, en un sistema que ya se encuentra desbordado y bajo la lupa de la Corte Suprema por la falta de centros de alojamiento adecuados.
El antecedente inmediato juega a favor de la moderación. En mayo de 2025, un dictamen de mayoría ya había logrado unificar posturas en los 14 años, incluyendo además una reducción de la pena máxima a 15 años para delitos graves. No obstante, con el recambio parlamentario, aquel acuerdo perdió estado parlamentario y el ala dura de La Libertad Avanza analiza si es momento de tensar la cuerda para cumplir con su promesa original de campaña, apalancándose en casos de inseguridad que conmocionaron a la opinión pública.
Sin los 22 votos del interbloque Fuerza del Cambio (PRO-UCR-MID), el oficialismo no tiene forma de alcanzar el quórum de 129 diputados. Esta realidad aritmética obliga a los libertarios a elegir entre un gesto de autoridad política que podría terminar en una derrota legislativa, o aceptar el consenso de los 14 años para lograr una ley posible. La discusión deja en evidencia que la nueva etapa de “aliados con condiciones” será el gran desafío de gestión para el Ejecutivo en este 2026.
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