El fantasma de las estaciones vacías y los andenes desiertos vuelve a sobrevolar el Área Metropolitana de Buenos Aires y los servicios de larga distancia. El gremio de los maquinistas de trenes, La Fraternidad, ratificó un paro total de actividades por 24 horas para este miércoles 4 de febrero, en reclamo de una actualización salarial urgente que compense la pérdida del poder adquisitivo. Frente a este escenario de parálisis inminente, la Casa Rosada ha comenzado a mover sus piezas legales para evitar que el conflicto social escale a niveles críticos.
Desde la Secretaría de Transporte se dejó trascender que el Ministerio de Capital Humano tiene lista la firma para dictar la conciliación obligatoria. Esta herramienta jurídica obligaría a los trabajadores a suspender la huelga por un período de quince días, abriendo una ventana de negociación forzada. Sin embargo, fuentes sindicales advirtieron que la predisposición al diálogo es escasa si no aparece una oferta superadora que se acerque a los índices inflacionarios recientes, lo que plantea un interrogante sobre si el gremio acatará o no la medida administrativa.
La postura del oficialismo es inflexible en cuanto a las metas fiscales, pero reconoce que un paro de esta magnitud representa un golpe logístico y político difícil de digerir en el inicio del mes. “No vamos a permitir que se tome a los usuarios como rehenes en una puja distributiva”, señalaron voceros gubernamentales, mientras que desde el sindicato liderado por Omar Maturano retrucan que el deterioro de los salarios ferroviarios ha llegado a un punto de no retorno. La discusión no solo es económica, sino que también pone en juego la capacidad de gestión del sistema de transporte en un contexto de alta sensibilidad social.
Para los millones de ciudadanos que dependen diariamente del ferrocarril para llegar a sus puestos de trabajo, la incertidumbre es la única constante. Mientras las autoridades apuestan a la vía administrativa para ganar tiempo, el sector gremial mantiene la presión, argumentando que la falta de inversión y el atraso salarial ponen en riesgo la operatividad del servicio. Las próximas horas serán determinantes: o se logra un acuerdo de último minuto en los despachos oficiales, o el miércoles el país se despertará con el silencio metálico de las formaciones detenidas en los talleres.