La tensión entre el Palacio de Hacienda y el sector industrial sumó un nuevo capítulo de confrontación directa. El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para profundizar sus críticas hacia los empresarios textiles, a quienes acusa de sostener precios “fuera de mercado” gracias a décadas de protección estatal. El funcionario “celebró” que algunos referentes del sector comenzaran a reconocer públicamente que la indumentaria en Argentina es costosa, vinculando esta situación a la falta de competencia externa que rigió hasta la reciente apertura de importaciones.
El disparador de la nueva embestida oficial fueron las declaraciones de Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Empresaria (CGERA), quien admitió un “mea culpa” del empresariado al reconocer que los precios estaban caros debido, en parte, a las medidas de protección del gobierno anterior. Caputo fue tajante al respecto: “Esto en privado te lo reconocen todos. Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente”, afirmó. Para el ministro, el proteccionismo es una medida que perjudica a los 47 millones de argentinos, obligándolos a pagar productos hasta diez veces más caros que en el resto del mundo.
Desde la vereda de la industria, la respuesta no tardó en llegar con un tono de profunda “desilusión”. Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), cuestionó el sarcasmo del ministro y señaló que el problema de los costos altos es sistémico y no exclusivo de los textiles. “No compra ropa, ni autos, ni neumáticos, porque en Argentina todo cuesta el doble. No han logrado desarmar ni un solo impuesto en dos años”, retrucó el empresario, subrayando que la carga tributaria representa el 50% del valor de una remera.
La Fundación Pro Tejer avaló esta postura con datos que desglosan el precio final de una prenda: solo el 8% corresponde a la fabricación industrial, mientras que el resto se divide entre impuestos, alquileres de locales, logística y costos financieros. Los industriales advierten que, en el contexto actual, enfrentan una “competencia desleal”, ya que deben absorber los fuertes aumentos en las tarifas de gas y electricidad sin poder trasladarlos a los precios debido a la caída del consumo y la entrada de productos importados, lo que ha pulverizado su rentabilidad.
A pesar de los reclamos por la presión fiscal, Caputo insiste en que el modelo debe cambiar hacia uno basado en el diseño y la eficiencia. El ministro argumentó que si un consumidor paga cinco dólares por una remera importada en lugar de 50 por una nacional, esos 45 dólares de ahorro se vuelcan a otros sectores de la economía, como la gastronomía o los servicios. Mientras la industria teme por la continuidad de las 150.000 familias que dependen del sector, el Gobierno ratifica que la apertura comercial es un camino irreversible para normalizar los precios internos.