La familia Agnelli negocia la venta de La Repubblica y La Stampa al magnate griego Theodore Kyriakou por 140 millones de euros. Los 1.300 empleados temen por sus puestos y la independencia editorial ante el perfil conservador del nuevo dueño.
La familia Agnelli negocia la venta de La Repubblica y La Stampa al magnate griego Theodore Kyriakou por 140 millones de euros. Los 1.300 empleados temen por sus puestos y la independencia editorial ante el perfil conservador del nuevo dueño.
La Defensoría del Pueblo bonaerense y organismos provinciales firmaron un acuerdo para que los medios no difundan imágenes ni datos sensibles de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Justicia Penal, con el fin de proteger su intimidad y derechos.
“La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, se indicó.
La empresa había solicitado incorporar más posiciones arancelarias al listado de mercaderías eximidas.
Crea un nuevo marco normativo para modernizar la producción, fomentar el empleo e impulsar la investigación en el sector
La decisión fortalece la posición argentina en el litigio por acciones de YPF en tribunales de Nueva York al ratificar la separación entre el patrimonio estatal y el de la petrolera.
Milei utiliza el escándalo de la AFA para disciplinar a una oposición vinculada a Tapia (Kicillof, Zamora, Massa). Entre sospechas de fondos negros y narco, el Gobierno busca aprobar reformas clave y ajustar el dólar ante la falta de auxilio financiero de Trump.
El gobernador Osvaldo Jaldo suspendió la reforma electoral en Tucumán hasta 2026, alegando falta de consenso. La iniciativa, que buscaba limitar acoples e implementar Ficha Limpia, fue duramente criticada por la oposición, que acusa al oficialismo de perpetuar un sistema arcaico.
La Justicia federal investiga a Paola Barritta (ATEPSA) y a la ex funcionaria Gabriela Logatto por presunto fraude contra EANA. Se les acusa de utilizar un acta paritaria inexistente para reclamar judicialmente aumentos millonarios. El expediente analiza si el documento fue fabricado como herramienta de presión política.
La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita integrada por Cristina Kirchner y altos funcionarios del Ministerio de Planificación.